Rosario D'Onofrio, ex fiscal en jefe de la Asociación Italiana de Arbitros (AIA), fue condenado a cinco años y ocho meses de cárcel por la justicia de Milán en el marco de una causa por tráfico internacional de drogas.
Fue tras una investigación que llevó, en 2022, a una serie de arrestos y por la cual la jueza de instrucción Lidia Castelluci, que aplicó unas 40 condenas que van hasta los 17 años de prisión.
En el caso de D'Onofrio se tuvieron en cuenta algunos "atenuantes" en la sentencia debido a que aportó elementos claves para la investigación, razón por la cual no se le aplicaron los siete años y ocho meses de condena que solicitó la fiscalía de Milán.
La investigación, conducida por el núcleo de la Policía a cargo de los delitos de índole económico-financieros de la Guardia de Finanzas, llevó a adoptar medidas cautelares contra un total de 42 personas.
Ante la jueza Castellucci declararon 57 implicados, unos 40 de los cuales optaron por someterse a un proceso abreviado, al igual que D'Onofrio, quien fue acusado por asociación ilícita con fines de tráfico de drogas.
El ex oficial del Ejército había sido detenido "in fraganti" en mayo de 2020 cuando transportaba 44 kilogramos de marihuana y fue condenado a dos años y ocho meses de cárcel.
Por entonces integraba una organización dedicada al tráfico de drogas y lavado de dinero como organizador de la logística para establecer los mejores sitios en los cuales realizar las entregas.
En noviembre de 2022, volvió a ser arrestado en el marco de un operativo en el que participaron fuerzas de España y Países Bajos y cuando todavía ocupaba el cargo de ex fiscal en jefe de la AIA (participaba de reuniones bajo arresto domiciliario con permiso de los jueces).
Según se informó en su momento, la organización a la que pertenecía D'Onofrio había introducido en la región de Lombardía más de seis toneladas de marihuana y hachís entre 2019 y 2021.
La situación de D'Onofrio generó una enorme controversia y fue la propia Dirección Distrital Antimafia (DDA) la que informó sobre la investigación a la Federación Italiana de Fútbol (FIGC).
Los fiscales de esta entidad apuntaron entonces contra el presidente de la AIA, Alfredo Trentalange, quien lo había nombrado en el cargo y se vio forzado de renunciar antes de ser condenado a tres meses de inhabilitación en marzo de 2023, aunque apeló la sanción y apenas un mes más tarde resultó absuelto.
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