Así lo anunciaron el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el ministro de Finanzas, Fernando Haddad, con ocasión de la firma del decreto ejecutivo que contiene las medidas. La disposición, que ya ha entrado en vigor, deberá ser aprobada por el Parlamento en un plazo de 120 días.
Los recursos están destinados a los aproximadamente 3,5 millones de habitantes que han sufrido pérdidas. El objetivo de esta fase es atender a empleados, beneficiarios de programas sociales, productores rurales, empresas y municipios.
La próxima semana se espera la firma del acuerdo para la suspensión del pago de la deuda de Rio Grande do Sul al gobierno central y nuevas medidas para los ciudadanos afectados.
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